Hace ya algunos
días que el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad
de la Educación
(LOMCE), más conocida como la
Ley
Wert , para
que se inicie su trámite parlamentario. Una ley que se ha elaborado de espaldas
a la Comunidad
Educativa. Todos -profesores,
alumnos, asociaciones de padres y madres, sindicatos y partidos políticos de
todos los colores (incluidos algunos
barones del PP)- han manifestado de diversas maneras su
rechazo.
En 1970, aún bajo
el régimen franquista, la Ley General de Educación […] supuso un avance en
el momento de su aprobación. Con ella, se eliminaban
las reválidas, se consolidaba la coeducación
de niños y niñas juntos y asumía, tímidamente, algunos postulados de las
teorías psicopedagógicas dominantes en la época en los países más avanzados. Estableció
la obligatoriedad y gratuidad de la
educación básica hasta los 14 años e introdujo una nueva estructura de las
enseñanzas, con la EGB
(Enseñanza General Obligatoria), el BUP (Bachillerato Unificado Polivalente),
el COU (Curso de Orientación Universitaria) y la FP (Formación Profesional). Todo lo contrario de lo que hace la ley Wert.
Si hacemos un repaso por el resto de leyes de la era democrática, vemos
que la Ley Orgánica
del Estatuto de Centros Escolares (LOECE), que entró
en vigor en junio de 1980 (bajo el Gobierno de UCD), introdujo un modelo democrático
en la organización de los centros docentes y reguló la creación de las
asociaciones de padres de alumnos. La Ley Orgánica
Reguladora del Derecho a la
Educación (LODE), aprobada en 1985 por el gobierno del PSOE, reguló el antiguo sistema de
subvenciones a colegios privados para que cumplieran requisitos de admisión
como en los públicos y contempló el derecho de la comunidad educativa a participar
en la gestión y funcionamiento de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos, a través de los consejos
escolares. La Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE), también aprobada con
gobierno socialista en 1992, introdujo la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, el descenso de 40 a
25 alumnos por clase y la enseñanza de asignaturas impartidas por profesores
especializados (en idiomas, música o educación física). Formando parte del desarrollo normativo de la LOGSE , en noviembre de
1995 se aprueba la Ley
Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de
los Centros Docentes (LOPEGCE) que otorgaba a los centros una mayor
autonomía y obligaba a los colegios concertados a admitir a alumnos
pertenecientes a minorías sociales. Hasta aquí, hemos narrado casi 30 años de
avances.
La llegada al poder
del PP de Aznar nos trajo la Ley Orgánica
de Calidad de la Educación
(LOCE), aprobada en diciembre de 2002 y en vigor desde
2003, aunque su aplicación fue interrumpida en 2004, tras el regreso del PSOE
al Gobierno.
Así llegamos a la Ley
Orgánica de la Educación (LOE), en vigor desde mayo
de 2006 bajo gobierno del PSOE. Esta ley derogó la LOGSE , la LOPEG y la LOCE , pero convive con la LODE de 1985. Entre las
novedades, la ley incluía la asignatura
de educación para la ciudadanía y mantenía la religión como oferta obligada en los
centros, pero optativa para los
alumnos. Permite pasar de curso al superar todas las materias o con dos
suspensos, como máximo, en contra de las muchas barbaridades que se han dicho.
De todas estas leyes, la que más apoyo parlamentario obtuvo
fue la LOGSE ,
aprobada el 28 de junio de 1990 con 198 votos a favor 69 en contra y 3
abstenciones. Siendo el Partido
Popular el único que no participó del consenso.
En el último periodo de gobierno socialista, el exministro
Ángel Gabilondo intentó, por todos los medios, llegar a un Pacto de Estado,
asumiendo en la elaboración de la
LOE , la mayoría de las propuestas que hizo el PP. Un PP que
rechazó finalmente llegar a un acuerdo solamente para “no regalar una foto al
ministro”, según palabras de alguna representante destacada del partido.
Y este es el único motivo del gobierno para modificar la ley. De hecho la LOMCE se presenta como una
modificación de la LOE ,
actualmente vigente. Y es por eso por lo que nos encontramos ante el
anteproyecto de ley educativa más
descaradamente ideológico de la democracia.
1.
Tiene un marcado
enfoque mercantilista. Entiende la educación como una oportunidad de negocio, en lugar de ser un
derecho fundamental, reconocido en el art. 27 de la Constitución Española.
Pone el sistema educativo al servicio de los mercados y se sustituye el
ideal de educar ciudadanas y ciudadanos por el de preparar mano de obra para el
mercado laboral.
2.
Concibe la
educación como una carrera de
obstáculos con múltiples reválidas, devolviéndonos a la
escuela de los años 60 y poniendo de manifiesto una tremenda desconfianza en
los profesionales de la educación y en el esfuerzo que los alumnos han hecho a
lo largo de cada curso para aprobar sus asignaturas. Si las reválidas no se
aprueban, no se tendrá el título correspondiente aunque hayas aprobado todas
las asignaturas en Primaria, en la
ESO o en Bachillerato, por ejemplo. Aprobados sin título. Así
que la función de la escuela se reducirá a la preparación para la superación de
esas pruebas, en lugar de favorecer un verdadero aprendizaje integral.
3.
Es clasista y segregadora, a través de
itinerarios selectivos y tempranos. El objetivo es expulsar del sistema educativo, cuanto antes,
a los alumnos menos brillantes. Además, devalúa la Formación Profesional ,
que se considera una vía de segunda clase, solo apta para los alumnos más
desfavorecidos.
4.
Socava la participación democrática de la comunidad educativa en los centros. El Claustro de
Profesores y el Consejo Escolar pierden TODAS
sus funciones como órganos de representación y gestión. Reconociéndoseles
únicamente carácter consultivo.
5.
Introduce la “gestión empresarial” de los centros y
su financiación según resultados,
ordenándolos en rankings. Consolidará las diferencias entre centros de
“élite” y centros del “montón”. Creando auténticos “guetos” en los centros
situados en las zonas más desfavorecidas socialmente (por ejemplo, los situados
en zonas rurales, donde solo hay un colegio). No se propone mejorar los centros
con peores resultados, sino premiar los que los obtengan mejores, sin tener en
cuenta el tipo de alumnado “escogido” que pueden tener esos centros.
6.
Fomenta el negocio educativo y “legaliza” los
conciertos con centros que discriminan por razón de sexo. Hasta ahora solo
la comunidad de Madrid admitía dar subvenciones a colegios privados concertados
que separaban niños y niñas. Ahora, esta práctica podrá ser habitual y legal, y
financiada por todos.
7.
Tiene un marcado
carácter antipedagógico. Rechaza todos los
avances que se han producido en el estudio e investigación de las Ciencias de la Educación , sustituyendo
las teorías científicas sobre el aprendizaje por una serie de “mantras”
neoliberales y ultraconservadores como la teoría de “los diferentes talentos”,
la de la “cultura del esfuerzo” o el “desarrollo de capacidades emprendedoras”.
Teorías tremendamente ideológicas y escasamente científicas.
8. Confiere a la escuela un carácter confesional absolutamente impresentable
en una sociedad moderna y democrática.
9.
Persigue el control
ideológico de la escuela, con un sistema de
selección de la dirección de los centros totalmente discrecional para la Administración. Y
confiriendo a los directores un poder omnímodo, recalcando además su función
como “representante” de la misma en el centro y abriendo la puerta a que puedan
seleccionar al profesorado “a dedo” y encomendar la dirección de los colegios
públicos a gestores privados y ajenos al mundo de la enseñanza.
Por todos estos motivos exigimos la retirada de
una ley partidista, injusta y antisocial que solo pretende fomentar la
desigualdad de clases sociales; y que nos retrotrae al periodo más oscuro de
nuestra historia. EXIGIMOS LA RETIRADA DE
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